Para muchos estados, el control de sus
ciudadanos es sinónimo de seguridad, y en esto se basan los gobiernos y sus
servicios secretos que cada vez piden mayor poder para acceder a los datos
privados de los ciudadanos.
Un ejemplo claro de ello, es la última
propuesta del gobierno
británico, que pretende monitorizar en tiempo real las llamadas
telefónicas, los correos electrónicos, los mensajes de las redes sociales y las
visitas a las páginas web. Esto significa que, en caso de llevarse a cabo, el
gobierno sin necesidad de una orden judicial, podría obtener información sobre “quién,
cuándo y dónde” de todos los
movimientos que los ciudadanos hagan en la red. Además, las autoridades podrían tener acceso a los
diferentes canales de comunicación, obligando a las empresas proveedoras de
crear una puerta de servicio “back door” para poder
consultar sus datos y si es necesario interceptar conversaciones telefónicas
online.
Sin embargo, esta no es la raíz del problema,
sino una consecuencia: hoy en día las personas, a través de sus smartphones,
permiten a las diferentes aplicaciones de las que disponen de revelar su
localización geográfica, o de almacenar información sobre su vida personal, sus
gustos, sus preferencias o sus conexiones con otros usuarios de la red.
El problema es por lo tanto que toda esta
información está en manos de empresas privadas, y lo que pretenden los
servicios secretos es poder tener libre acceso a esta vasta fuente de
información.
La consecuencia más preocupante de la
implementación de la propuesta del gobierno británico es la posible
convergencia entre la exigencia de datos personales por parte del estado y la
recogida de información por parte de las empresas tecnológicas. Por ejemplo,
Google ha obtenido el permiso para poder usar los teléfonos de los ciudadanos y
registrar los niveles de ruido, iluminación y temperatura y de este modo
personalizar las publicidad que vemos en las páginas web cuando navegamos por
Internet con nuestros smartphone.
Por lo tanto, esta alianza tácita que se está
produciendo entre los gobiernos y las empresas tecnológicas constituye una gran
amenaza desde el punto de vista de la privacidad. Ambos actores se
beneficiarían de las nuevas medidas: por un lado se concedería a las empresas
tecnológicas una libertad total para poder almacenar información de los
usuarios y por otro lado los gobiernos tendrían libertad de acceso siempre que
lo necesiten.
En conclusión, nuestra privacidad está cada
vez más amenazada y, por lo tanto, es fundamental ser cautelosos a la hora de
introducir en la red información personal, ya que el Estado se puede convertir
en un “Gran Hermano” que siempre está observando y controlando bajo la
justificación de dar seguridad, aunque reduciendo de una manera radical
nuestras libertades.
4 comentarios:
Opino que la tendencia actual es la que indica Francisco: la monitorización total de todos y cada uno de nuestros datos; además, lo estamos poniendo en bandeja a traves de toda la tecnoligía que utilizamos, smarphones incluidos. Creo que solo nos salva la ingente cantidad de datos que generamos cada uno de nososotros, que complica el seguimiento más individualizado....
Creo que es un blog muy interesante que invita a reflexionar ya que nos muestra la cara menos amable de la constante evolución tecnológica. Por suerte, tal y como comenta Borja, son tantos los datos que generamos que,en mi opinión, es muy dificil monitorizar toda la información que cada uno de nosotros generamos. No obstante, a alguien que tenga los conocimientos suficientes no le debe resultar muy difícil hacer un seguimiento pormenorizado de personas en concreto...
Una entrada muy interesante que hace hincapié en un problema del que por desgracia no se habla ni debate lo que se debería, aunque afecta a derechos fundamentales como la privacidad y libertad individual.
Al respecto, la semana pasada aparecía en la prensa como se había utilizado la geolocalización del smartphone de José Bretón para reconstruir los hechos ocurridos el día de la desaparición de sus hijos. Suponemos que estos datos fueron obtenidos por la policía tras la preceptiva autorización judicial (en este caso más que justificada), pero no me dejó de llamar la atención que cada vez es más habitual utilizar por parte de los estados, incluido el español, datos a priori personales. Incluso la propia localización física del ciudadano en cada momento.
Durante este verano un artículo de Tecnology Review desveló que los iPhone guardan información geoespacial de las fotos que se toman con este aparato de manera automática, pudiendo determinarse de manera sencilla el lugar de residencia de un usuario anónimo. Realmente este problema merecería una legislación más adecuada y acorde a la evolución tecnológica continua en la que vivimos.
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